martes, 11 de enero de 2011

Documentos para abrir el debate sobre las Drogas


En los últimos años se han elaborado por parte de expertos, varios documentos que resultan de gran importancia para el debate y discusión sobre la dirección de las políticas de drogas que queremos para nuestro páis. Más abajo hay un pequeño resumen y un link de los documentos más importantes que hemos encontrado en internet. Ver abajo.


      



1. Drogas y Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma (http://bit.ly/cz9h3h)
Esta comisión fue creada por los ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México e integrada por 17 personalidades internacional. El documento evalúa el impacto de las políticas de “guerra a las drogas” y se formulan recomendaciones para estrategias más eficientes, seguras y humanas. Las propuestas presentadas configuran un cambio profundo de paradigma en la comprensión y enfrentamiento del problema de las drogas en América Latina. 
El documento no orienta la discusión y cambio del paradigma con 3 directrices (p.3):

  1. Tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública. 
  2. Reducir el consumo mediante acciones de información y prevención.
  3. Focalizar la represión sobre el crimen organizado.

2. Innovaciones Legislativas en Políticas de Drogas (http://bit.ly/gdON2d)
A partir de la Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, este documento fue elaborado por Martin Jelsma y el Transnational Institute este informe presenta un resumen de buenas prácticas  en reformas legislativas de drogas de todo el mundo, que representan un alejamiento del modelo represivo de  la tolerancia cero y un avance hacia políticas de drogas más humanas y fundamentadas en pruebas empíricas.  Los ejemplos reflejan las lecciones aprendidas en la práctica con la aplicación de enfoques menos punitivos y su impacto en los niveles de consumo de drogas y los daños asociados sobre los individuos y la sociedad.
Al inicio del documento (pag. 3) se destacan 3 estrategias que han resultado ser efectivas en Europa:

  1. Un mayor hincapié en el tratamiento que en el castigo penal
  2. Una sensación de desproporción entre las penas de privación de la libertad (que suelen conllevar el registro de antecedentes penales) y el consumo ilícito de drogas 
  3. La percepción de que en comparación con otras drogas, el cannabis es menos peligroso para la salud


3. Narcotráfico y Derechos Humanos (http://bit.ly/e6TmIl)
A partir de la Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, este documento fue elaborado por Diego García-Sayan, evaluando los aspectos centrales en el impacto en los derechos humanos de las políticas públicas prevalecientes en materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. El tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado asociado, son una fuente constante y permanente de afectación de derechos de los individuos y de la sociedad en ámbitos cruciales como la salud y la seguridad. La legislación y las políticas públicas orientadas a enfrentar el narcotráfico no solamente han fracasado sino que muchas veces se han traducido en la afectación de derechos fundamentales sin que el crimen organizado se vea seriamente afectado.


4. Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (http://bit.ly/hktAmm)
Este es un informe del Relator Especial Anand Grover presentado de conformidad con la resolución 6/29 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y trasmitida por el Secretario General a los miembros de la Asamblea General el 6 de agosto del 2010. Este nos dice en su resumen que el actual sistema internacional de fiscalización de drogas se ha centrado en crear un mundo libre de drogas casi exclusivamente mediante la aplicación de políticas de ejecución de la ley y sanciones penales. Sin embargo, hay cada vez más pruebas que indican que este enfoque ha fracasado, en primer lugar porque no reconoce las realidades del consumo de drogas y la drogodependencia. 
Existe una necesidad de las entidades de las Naciones Unidas y los Estados Miembros deberían adoptar un enfoque de la fiscalización de drogas basado en el derecho a la salud, además de incorporar el uso de indicadores y directrices y considerar la posibilidad de elaborar un nuevo marco jurídico en relación con determinadas drogas ilícitas, a fin de asegurar el respeto, la protección y el disfrute de los derechos de las personas que consumen drogas.


5. Guía sobre Políticas de Drogas (http://bit.ly/f1yAxH)
Elaborada por el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) con el objetivo de ofrecer  un recurso que puedan utilizar a nivel nacional e internacional, para orientar la revisión de las políticas y los  programas nacionales de drogas y para  interactuar con responsables de políticas con el fin de colaborar hacia la mejora de dichas  políticas y programas. La guía se actualiza anualmente para reflejar las novedades que vayan  surgiendo con las investigaciones de base empírica y el desarrollo de experiencias del IDPC y sus socios.
La Guía parte de que toda estrategia nacional sobre drogas debería fundamentarse en 5 principios básicos (p.2):

  1. Las políticas de drogas se deberían desarrollar mediante una evaluación estructurada y objetiva de las prioridades y las pruebas empíricas.
  2. Todas las actividades se deberían desplegar en plena conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
  3. Las políticas de drogas deberían centrarse en reducir las consecuencias nocivas de las drogas y no en las dimensiones del consumo y los mercados de estas sustancias.
  4. Las políticas y actividades deberían perseguir el fomento de la integración social de grupos marginalizados.
  5. 5) Los gobiernos deberían construir relaciones abiertas y constructivas con la sociedad civil para debatir y desarrollar sus estrategias


6. Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina (http://bit.ly/e5hjLk)
Elaborado por el Transnacional Institute (TNI) y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), esta publicación es el resultado de una investigación realizada en 8 países de América Latina sobre  la legislación de control de drogas, sus aplicaciones y su impacto sobre  el sistema penitenciario. El énfasis de la fiscalización de drogas en las sanciones penales ha dado lugar a  un gran aumento del número de personas encarceladas por delitos de drogas. La aplicación de leyes  severas para los delitos relacionados con las drogas no ha sido solamente ineficaz para detener la producción, tráfico y consumo de sustancias ilícitas sino que ha generado consecuencias negativas, como la  sobrecarga de tribunales y cárceles, y el sufrimiento de decenas de miles de personas tras las rejas por  pequeños delitos de drogas o por su simple posesión. El peso de las leyes de drogas se ha sentido con  mayor fuerza en los niveles más bajos de la sociedad y entre los sectores más vulnerables.
Este estudio es un avance importante en el objetivo de mostrar la relación de las leyes de drogas y la  degradación de las condiciones carcelarias en toda la región. Queda, sin duda, todavía mucho por conocer acerca del grado en que las leyes de drogas han incrementado las tasas de encarcelamiento y el hacinamiento en la región. Los datos oficiales sobre estos temas son escasos y con frecuencia incompletos.  A pesar de ello, este es un primer intento sistemático de arrojar luz sobre las repercusiones que tiene  en América Latina esta “consecuencia indeseada” de las políticas y leyes sobre drogas a nivel mundial.  Esperamos que este estudio sea una voz de alarma para las reformas.

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