En resumen, el artículo nos dice que el Estado costarricense debe redirigir sus acciones represivas hacia los mandos medios y altos del narcotráfico. Ya que las personas que más sufren son las "narcofamilias" o "mulas" que optan por vender o movilizar pequeñas cantidades de drogas para sobrevivir, y que son los últimos eslabones de la economía ilegal de las drogas. Las pequeñas capturas e incautaciones que hace la Fuerza Pública, la "PCD" o el "OIJ" no van a cambiar la dinámica del tráfico internacional de drogas, pero tampoco van a disminuir la demanda existente en los principales países consumidores (Estados Unidos y Europa) y aun menos en Costa Rica.El Estado costarricense también debe promover políticas basadas en el respeto por los derechos humanos de las personas consumidoras, a partir de programas de prevención basados en evidencia científica y brindando un adecuado tratamiento a aquellas personas que lo necesiten. Tomando en cuenta que en Costa Rica tenemos un servicio de salud (CCSS) gratuito y universal, así como instituciones especializadas en la temática como el IAFA o el ICD.
Se le agradece a Giselle Amador por este aporte a la discusión en la temática. Se transcribe el artículo completo...
Drogas en Costa Rica: un problema sin resolver
GISELLE AMADOR ESPECIALISTA DROGODEPENDENCIA28/12/2010
En los editoriales de La Nación del 28 de octubre y el 1.° de diciembre, se plantean reflexiones sobre la necesidad de conceptualizar con claridad la respuesta que debe dar el país al narcotráfico y el consumo de drogas, lo cual me lleva a hacer los siguientes comentarios, teniendo como base los 32 años de experiencia académica y profesional en este campo.
El debate sobre las sustancias psicotrópicas es muy complejo y es imprescindible que se generen espacios para un diálogo abierto, situación que hasta el momento no se realiza debido a la poca información que se brinda por parte de los medios y del Gobierno, que en muchas ocasiones no está basada en evidencia científica, lo cual crea un vacío en el conocimiento y en la percepción del fenómeno.
Estrategias inefectivas. Las políticas que han prevalecido son las del combate frontal y violento en contra de los narcotraficantes, pero también en contra de los consumidores. Esta “guerra contra las drogas” justifica la utilización de la fuerza e incluso la incursión de militares extranjeros. Estrategias que no solo han demostrado ser costosas e inefectivas para reducir la producción, distribución y venta de drogas, sino que también generan más consecuencias negativas que las que se supone desean solucionar.
Esto no quiere decir que el Estado debe dejar de reprimir el tráfico ilegal de estupefacientes. El narcotráfico internacional es un negocio complejo, de niveles macroeconómicos y asociado directamente con la violencia y la corrupción. Lo que se debe buscar es focalizar las estrategias represivas en los mandos altos y medios del crimen organizado.
En Costa Rica, son los niveles más bajos de las redes de tráfico los que sufren en esta “guerra”. Aquellas personas que se dedican a transportar y almacenar pequeñas cantidades o las que participan de la venta minorista (narcomenudeo o microtráfico). Esta es una criminalización basada en la pobreza y en el género, que se demuestra claramente en la cantidad de mujeres que se encuentran en la cárcel del Buen Pastor por crímenes asociados a la ley de psicotrópicos, que llegan al 65%.
También se señala, por medio de reportajes sensacionalistas, el incremento de las “narcofamilias”, condenándolas de previo, como si fueran las causantes de la violencia, la delincuencia y la drogadicción en nuestras comunidades; invisibilizando así su realidad socioeconómica, donde la venta de sustancias ilegales es una estrategia de supervivencia.
Tráfico y consumo. Los esfuerzos para reducir la oferta y demanda de drogas muchas veces se mezclan y confunden en las políticas públicas. El consumo debe ser entendido desde un enfoque de salud pública y la adicción debe ser considerada una enfermedad. Esto implica una obligación estatal de brindar servicios de prevención y tratamiento a todas las personas, familias y comunidades, tomando en cuenta que el consumo de drogas legales como el alcohol, tabaco, causan mayores consecuencias.
El principal problema que enfrenta el discurso represivo, es asociar el tráfico con el consumo, siendo la base para la construcción de un estigma social, donde toda persona dependiente de una droga, es señalada moralmente como delincuente y puede ser criminalizada por parte de la Policía y el sistema judicial.
La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) en su Informe Mundial sobre las Drogas del 2009, señala que la “toxicomanía es un problema de salud: las personas que consumen drogas necesitan ayuda médica, no ser castigadas como delincuentes”. Se debe promover un “acceso universal al tratamiento de la toxicomanía como un compromiso para salvar vidas y reducir la demanda de drogas: esto traerá aparejados la caída de la oferta y los ingresos de la delincuencia conexos.”
También se menciona que el problema en las comunidades “solo puede resolverse abordando la cuestión de los barrios marginales y el abandono en nuestras ciudades, mediante la renovación de la infraestructura y la inversión en las personas, especialmente en los jóvenes, que son vulnerables a las drogas y al delito, mediante educación, empleo y deportes”.
Tal como se comenta en los editoriales, en Costa Rica, no existe una adecuada atención de los consumidores de drogas. La única institución que trata la enfermedad es el IAFA, pero a pesar del interés de sus funcionarios y a los esfuerzos plasmados en documentos, nunca ha contado con recursos suficientes para llevar la prevención selectiva a las comunidades vulnerables, ni para completar un adecuado sistema de atención accesible y de calidad, ni proveer los recursos que necesitan las ONG.
Políticas en Costa Rica. Un estudio de FLACSO del 2010 asocia el aumento del consumo a factores estructurales diversos, así como a vulnerabilidades específicas y recomienda “ahondar en el debate público del fenómeno, sus dinámicas y características en el país”.
Considera que para solucionar el problema se necesita de “la voluntad política de las más altas jerarquías institucionales involucradas, manifestada en la aplicación de criterios de idoneidad para nombramientos claves en todo nivel, así como la asignación de recursos humanos y materiales suficientes y de calidad, para la implementación de las acciones”.
Sin los recursos necesarios y la adecuada coordinación intersectorial en prevención selectiva, dirigida, sobre todo, a las comunidades más vulnerables, así como el fortalecimiento de un sistema de tratamiento temprano, donde converjan los esfuerzos de la CCSS, el IAFA, Justicia y las ONG, no se logrará que el país supere una de las enfermedades crónicas de más alta prevalencia, con consecuencias en los ámbitos de la salud y seguridad ciudadana.
----
No hay comentarios:
Publicar un comentario