Tomando en cuenta que el consumo de drogas no es un delito, así como un fenómeno complejo y multifactorial, la seguridad comunitaria se deben llevar a cabo de una manera integral, promoviendo la formación de capital humano y de redes sociales. La policía juega un papel esencial para acercarse a la población consumidora, pero no pueden realizar su trabajo de forma aislada. Entendemos que mencionar la necesidad de trabajar con los mismos consumidores y sus familias puede ser algo complicado y para algunos hasta impensable, pero el discriminarlos y no tomarlos en cuenta en los proyectos y estrategias que están dirigidos hacia ellos/as, es perder tiempo y recursos.
Arrestar u obligar a tratamiento a todas las personas que consuman drogas ilícitas en la vía pública no va a solucionar el problema, sino que más bien lo puede empeorar, ya que aumenta la inseguridad y atenta contra sus derechos humanos. Como bien lo dice la reciente Declaración Conjunta de 12 organizaciones de Naciones Unidas sobre los centros de detención y rehabilitación obligatoria de drogas: “Los centros de detención y rehabilitación obligatoria de drogas, plantean cuestionamientos sobre los derechos humanos y amenazan la salud de los detenidos, incluso a través de una mayor vulnerabilidad al VIH y la tuberculosis (TB)” (http://bit.ly/AbYg4f).
El gobierno costarricense ha asumido un discurso de “guerra contra las drogas”, que ha demostrado ser un total fracaso, al no haber disminuido la disponibilidad o el impacto que las drogas ilícitas tienen en las personas y la sociedad. Este es un discurso que dificulta diferenciar entre tráfico y consumo, así como entre sustancias y sus efectos, reduciendo todo caso al peor ejemplo posible. Debido a la connotación bélica de “lucha” o “combate”, este discurso otorga un mayor predominio a las instituciones de seguridad y justicia, relegando el papel de las instituciones de salud y bienestar social.
Un ejemplo de este hecho se puede apreciar en la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social (POLSEPAZ). Donde a pesar de la grata sorpresa de incluir un “Sistema nacional de prevención, atención y recuperación de personas en adicción” en una política de seguridad ciudadana, la falta de claridad en cómo se pretende implementar este “sistema”, así como la omisión de nombrar a la institución rectora en materia de drogas en el texto principal de la propuesta, deja más dudas que certezas (http://bit.ly/i06YYO).
El principal fracaso de esta guerra contra las drogas es el afectar la calidad de vida de las personas consumidoras, principalmente aquellas en mayor vulnerabilidad social. La estigmatización que sufren las personas usuarias de drogas, justifica su marginación de la sociedad y su criminalización por parte de los agentes de control estatal. Esto ha generado una asociación entre consumo de drogas e inseguridad, que generalmente es arbitraría y prejuiciosa; ya que a pesar de que algunas personas cometen delitos debido al abuso o dependencia de una varias sustancias psicoactivas, la gran mayoría de las personas que usan drogas no son delincuentes.
Según la Comisión Global de Políticas de Drogas, las políticas de drogas deben basarse en evidencia científica y un enfoque de derechos humanos, midiendo su éxito a partir de la reducción de los daños a la salud, la seguridad y el bienestar de las personas y la sociedad. Estas deben reemplazar la criminalización y el castigo de las personas que usan drogas por la oferta de una amplia gama de servicios de salud, tratamiento y reinserción social para aquellas personas que deseen dejar de consumir, así como servicios de reducción del daño (http://bit.ly/oRo2xa), para aquellas que desean seguir consumiendo.
Las políticas de drogas ilícitas en Costa Rica deberían enfocarse en aspectos educativos, de salud y de trabajo, en vez de arrestos, decomisos y encarcelamientos. En materia de seguridad comunitaria, estas deben ir más allá de la detención y requisa de las personas que se encuentran consumiendo en la vía pública, buscando formas para mejorar su seguridad e integrarlos a la sociedad. El encarcelamiento solo empeora la situación de estas personas, ya que el ingreso a un centro penitenciario tiende a profundizar los patrones de abuso y consecutivamente la dependencia a las drogas; como se puede apreciar en los indicadores de consumo de drogas en las cárceles, que suelen ser mucho más altos a los de la población general.
Esta criminalización atenta contra los derechos humanos de las personas consumidoras de drogas, principalmente contra el derecho al disfrute del nivel más alto de bienestar físico y mental como lo dijo el relator especial del Derecho a la Salud del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, Anand Grover (http://bit.ly/lNz6So). Ya que las expone a mayores riesgos asociados al contexto de uso de drogas ilícitas, como lo es consumir sustancias adulteradas o de mala calidad, el utilizar vías de administración más nocivas para la salud, así como la transmisión de enfermedades como la hepatitis, VIH y SIDA. Pero también puede afectar que las personas acudan a servicios de salud, por temor a ser detenidas o castigadas.
Asimismo, citando la declaración conjunta sobre el internamiento obligatorio en centros de rehabilitación, elaborada por 12 organizaciones de Naciones Unidas (http://bit.ly/AbYg4f):
“No hay evidencia de que estos centros representan un entorno favorable o efectivo para el tratamiento de la drogodependencia, o para la "rehabilitación" de las personas que han participado en el trabajo sexual, o para los niños que han sido víctimas de explotación sexual, el abuso o la falta de atención y protección adecuadas. La evidencia demuestra que las respuestas más eficaces a la dependencia de drogas y la salud de la relacionada con los daños asociados con ella, como la infección por el VIH, requieren tratamiento de la dependencia de drogas como un problema de salud a través de enfoques basados en las pruebas y basado en derechos, que en muchos casos es necesario establecer. Todas las intervenciones de atención de salud, incluyendo tratamiento de la drogodependencia, deben llevarse a cabo de forma voluntaria con el consentimiento informado, salvo en circunstancias excepcionales claramente definidas, de conformidad con la ley internacional de derechos humanos que garantiza que tales disposiciones no son objeto de abusos.”
No queda la menor duda que el país debería implementar un sistema nacional de prevención, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y reducción de daño para personas con problemas de consumo de drogas. Con el fin de reemplazar el estigma y castigo, por una política de descriminalización que contemple la dignidad de las personas consumidoras de drogas y respete sus decisiones personales. El Fiscal General de la República ha dicho públicamente que en este país no se penaliza el consumo de drogas, pero uno puede observar que la policía sigue deteniendo y hasta agrediendo a las personas que se encuentran consumiendo en la vía pública (http://bit.ly/wSReO0).
Existen experiencias en otros países donde los mismos jóvenes usuarios de drogas (principalmente marihuana) se organizan para realizar actividades recreativas en el barrio y definen espacios y horarios de consumo, donde no haya mucha gente, especialmente niños/as y familias: Marihuaneros Cívicos (http://bit.ly/93fUMk) y Encuentro de Experiencias Colectivas (http://bit.ly/ypmSH2). En vez de enfocarse en el derecho penal, debemos promover políticas sociales y de convivencia donde se integren a los sectores más vulnerables y se brinden oportunidades de educación y empleo. Como lo realiza la policía Colombiana con su proyecto Jóvenes a lo Bien (http://bit.ly/wtRLCg)
Como bien lo dice la Declaración de Río de Janeiro: “Encuentro Estratégico de Seguridad Pública y Políticas de Drogas”, firmado por una profesionales de seguridad pública procedentes de dieciocho países (Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Holanda, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Reino Unido, Suiza e Uruguay), el 21de setiembre del 2011, Día Internacional de la Paz. (http://bit.ly/xzcsR4):
“Las decisiones individuales que llevan al uso indebido de drogas resultan de factores complejos, psíquicos y sociales, que envuelven a los individuos desde la infancia y que se acentúan en la adolescencia. La familia, la fe religiosa, la escuela, la comunidad, están todas implicadas, pero en muchos países la política actual concentra el problema en la policía y en el sistema penal. Resentimos esta situación, que pone nuestra vida y la vida ajena, nuestra moral y la imagen de nuestras corporaciones frente a amenazas perversas; esta situación no es justa y no enfrenta el problema de raíz. Una policía ciudadana, en una sociedad democrática, debe servir a objetivos más inteligentes y más consecuentes, inclusive a la hora de garantizar el cumplimiento de la ley.”
Es importante empezar a sembrar la semilla entre vecinas/os, instituciones del gobierno y la sociedad civil, que las personas consumidoras también tienen derechos como todo ser humano, pero que también tienen la capacidad de comunicarse, dialogar y negociar. Resaltando que el consumo de drogas no es un delito, por lo que se debería partir desde el respeto de sus derechos humanos, buscando mejorarles las condiciones de seguridad y de salud a estas personas. Aprovechando que este año vence el Plan Nacional de Drogas 2008-2012, se deberían promover procesos de consulta y participación de las persona consumidoras de drogas. Como dice el lema del foro de jóvenes y drogas de la Conferencia Latinoamérica sobre Políticas de Drogas del 2010: “Nada sobre nosotros, sin nosotros”. (http://bit.ly/cu30t0)
Interesante "..Arrestar u obligar a tratamiento a todas las personas que consuman drogas ilícitas en la vía pública no va a solucionar el problema, sino que más bien lo puede empeorar, ya que aumenta la inseguridad y atenta contra sus derechos humanos..." Y qué pasa con los derechos humanos de los que tenemos que vivir diariamente con esta situación, exponiendo nuestros hij@s a esta situación. Costa Rica debe de parar la doble moralidad, este país cada día se hunde más en la porquería.
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