martes, 2 de octubre de 2012

Laura Chinchilla promueve cambios en las políticas de drogas


En una reciente entrevista del periódico mexicano Excelsior, la presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla señaló enfáticamente el fracaso de las políticas de “guerra contra las drogas” y la necesidad de reorientar la estrategia hacia un enfoque de prevención social y de coordinación internacional. La presidenta dijo textualmente: “lo que tenemos es que perderle el miedo a hablar con claridad: Lo que estamos haciendo hoy no es suficiente, que hay que agregar, revisar, ajustar, sumar, eliminar, a la larga, algunas cosas y que tenemos que hacerlo. Pero sigue habiendo resistencia y seguimos manteniendo algunas rutinas y además padeciendo una falta de atención de parte de la comunidad internacional.”

Laura Chinchilla con el periodista Pascal Beltrán del Río
En la entrevista también se habló sobre la posibilidad de “legalizar las drogas”, como las propuestas del presidente guatemalteco Pérez Molina, a lo que Chichilla sigue teniendo sus reservas, pero plantea una posición clara del proceso para iniciar el cambio: “Primero, la despenalización y luego la  legalización. Despenalizar no quiere necesariamente decir legalizar, puede querer decir que no se aplicará la máxima pena que aplica una sociedad con la pena de prisión sino otro tipo de penas, entre ellas penas alternativas. Y desde el punto de vista de la despenalización, yo sí creo, y Costa Rica lo ha abrigado, que el tema del consumo no es materia de derecho penal, ni debe serlo, y que tiene que ser de salud pública.”

Creemos que es importante difundir este tipo de comentarios de la mandataria costarricense, ya que plantea una ruta muy interesante para el cambio en las políticas de drogas en el país. Aun así todavía existen algunos problemas conceptuales que deberían trabajarse más a fondo y que discutimos más adelante, ya que el fenómeno del tráfico y consumo de drogas es complejo y tiene muchas dimensiones. Apoyamos abiertamente esta posición de la presidenta y esperamos que sus recomendaciones se pongan en práctica relativamente pronto a nivel nacional, tomando en cuenta que para el 2013 debería presentarse un nuevo Plan Nacional sobre Drogas. Ojalá que Costa Rica realmente se convierta en un país pionero en la elaboración e implementación de políticas de drogas participativas que partan de evidencia científica y desde el derecho internacional de derechos humanos.


No queda duda que la posición geográfica de Costa Rica nos convierte en un puente entre los países productores de drogas del sur y los países consumidores del norte. Esto ha ocasionado una ola de violencia y corrupción en toda la región mesoamericana, debido a que estas son las formas de negociación de las organizaciones criminales de tráfico de sustancias prohibidas. Esta situación de emergencia regional aumentó considerablemente a partir de la política del ex presidente mexicano Felipe Calderón, que llevó a los carteles de drogas a expandir sus operaciones hacia los países centroamericanos; lo que se ha llamado popularmente el “efecto cucaracha”. 

También se dice que el consumo de sustancias ilícitas ha aumentado en nuestro país, partiendo del hecho que las drogas también poseen un valor de cambio en este negocio ilícito. Aun así, desconocemos cual es la fuente de esta información, ya que fuera de las encuestas que realiza el IAFA (que no es la metodología más apropiada para investigar sobre personas consumidoras de drogas ilícitas) no existen otros esfuerzos por medir el consumo de drogas y/o su impacto en la salud y seguridad pública. De hecho la Encuesta de Hogares 2010 señala un aumento en el consumo activo (consumo en el último mes) de cannabis (2,0%) y de cocaína/crack (0,6%); aunque es mucho más bajo que el consumo activo de alcohol (20,5%) o de tabaco (13,4%).

Se debe partir del hecho que tanto el tráfico (oferta) como el consumo (demanda) de drogas son fenómenos complejos que se deben analizar detenidamente, a partir de evidencia científica. Con respecto al tema del control de la oferta, coincidimos con Chichilla que se debe incentivar la participación internacional para combatir a las organizaciones criminales; no solo para interceptar los flujos de drogas hacia el norte, sino también para interceptar los flujos de armas y de legitimación de capitales hacia el sur. “Cuando se analiza la historia de la persecución judicial en materia de narcotráfico, se encuentran estadísticas muy abultadas, por ejemplo, en materia de decomiso de drogas. Se decomisan cada vez más cantidades de cocaína, mariguana, cada vez también más de heroína, vemos arrestos de bandas criminales, generalmente de un nivel medio inferior. Seguimos teniendo también una ausencia de trabajo al más alto nivel, pero, sobre todo, lo que se nota es que hay muy pocos casos que se logran cerrar en materia de lavado de activos.”

Es importante resaltar el hecho de que las personas más afectadas por esta estrategia de guerra contra las drogas, no son los mandos altos o medios de las organizaciones criminales, sino más bien las personas más vulnerables que se ubican en los niveles más bajos. Muchos de ellos/as ni siquiera pertenecen a una red de narcotráfico, como se puede ver en la gran cantidad de mujeres encarceladas por la Ley 8204 (cerca del 70% del total), como menciona un artículo del periódico La Nación. Es a partir del daño que la legislación penal de drogas ha causado en las mujeres (muchas de ellas madres solteras y jefas de hogar) que se ha gestado un proyecto de ley para brindar especificidad de género a las mujeres que introducen sustancias ilícita en un centro penitenciario. Es de suma importancia denunciar que a pesar de estos esfuerzos (que esperemos den fruto en la Asamblea Legislativa) la ley 8204, sigue siendo desproporcional, ya que no diferencia claramente entre pequeños, medianos o grandes “narcotraficantes”. Todo comportamiento tipificado como delito en esta ley, es considerado un delito grave: de 8 a 15 años de cárcel (Artículo 58).

Aplaudimos el hecho de señalar el tema de la demanda (consumo) de drogas como un problema de salud pública, cuando dice que como estado “estamos obligados a brindar atención a quienes han caído en el problema de los vicios y el consumo excesivo de drogas.” Aun así, la conceptualizción del problema como "vicio" está ligado a una visión estigmatizada de la enfermedad, que debe irse modificando por conceptos más técnicos como "adicción" o "dependencia". A pesar de algunos avances para conceptualizar el consumo de drogas como un problema de salud pública y la implementación de un Sistema Nacional de Tratamiento, la política gubernamental sigue enfocada en estrategias de seguridad ciudadana y no de salud pública. Cabe preguntarse aquí, cual es el papel del Comisionado Nacional Antidrogas, del ICD, el IAFA y la CCSS para aumentar la disponibilidad y acceso a los servicios de tratamiento, así como para implementar estrategias de prevención que sean realmente efectivas.

Apoyamos el hecho que la presidenta Chinchilla se exprese de manera abierta y objetiva sobre la necesidad de buscar nuevas rutas o alternativas a la fracasada política de drogas. “Cada vez que hablamos de escenarios alternativos, nos piden entre escoger entre la legalización total o seguir con la vía de la represión o la guerra contra las drogas, cuando podemos encontrar una conjunción de medidas en medio, que puedan resultar satisfactorias. Podemos hablar de si conviene o no seguir hacia adelante despenalizando otro tipo de manifestaciones del negocio de las drogas, como el cultivo, el procesamiento y la comercialización de todas las drogas o solamente de lo que se llaman drogas suaves.” 

Este proceso de redirección de las políticas de drogas implicaría abrir espacios de discusión y diálogo entre las instituciones del estado encargadas en la materia, así como otras instituciones públicas (educativas, reguladoras, agrícolas, etc.), organizaciones de la sociedad civil, e incluso con las personas usuarias de sustancias. Esperamos poder observar y participar de este proceso de cambio en un corto o mediano plazo (visible en el Plan Nacional de Drogas 2013), buscando construir propuestas colectivas que garanticen los derechos humanos de las personas que consumen y de las que no consumen drogas.



Video partes de la entrevista: http://www.youtube.com/watch?v=wGV_gOvqPVI






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